02/10/2020 –

Impacto de la minería en los conflictos sociales en Perú

La minería es responsable de grandes aportes a la economía en el territorio peruano. Dado que esta actividad tiene una participación activa en el Producto Bruto Interno (PBI), inversión privada y más de la mitad de las exportaciones totales que realiza Perú. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el año pasado este sector tuvo un aporte del 11% en el PBI del país. Asimismo, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) afirma que en el mismo año la minería representó en 13% de la inversión privada local, así como el 60% de las exportaciones peruanas. No obstante, las cifras del reporte mensual de producción del INEI indica que la coyuntura actual originada por la pandemia ha significado el desplome de entre el 20% y 36% de la producción de oro, plata, cobre, zinc, estaño, plomo y hierro durante el primer trimestre de este 2020. El reporte también confirma que, durante el mismo periodo, hubo una caída del 16.26 % de la economía peruana que resultó en recesión.

En marzo de este año, la ex ministra de Energía y Minas, Susana Vilca, explicó en la feria minera PDAC2020 (Prospectors & Developers Association of Canada) que se ha invertido más de 57,000 millones de dólares en la cartera de proyectos mineros en el Perú, que consta de 48 proyectos. Sin embargo, al contrario de tener una rápida ejecución y recuperación de la inversión, lo que prima en estos proyectos es su paralización. Según la Defensoría del Pueblo en su Reporte de Conflictos Sociales N° 197, el mes pasado Perú batió su propio récord respecto a conflictos sociales: reportó 192 casos. Este documento indica también que las regiones que presentan una cantidad mayor de casos son Cusco y Ancash, con 20 cada una. Lo más sorprendente es que de la totalidad de casos, aquellos que están relacionados con actividades mineras superan el 63.6%. Luis Incháustegui, actual ministro de Energía y Minas, sostiene que el Ejecutivo no ejercerá presión respecto en los proyectos mineros, dentro de los cuales se encuentran Conga y Tía María, con una inversión de US$5.000 millones y US$1.400 millones respectivamente, hasta que se llegue a un acuerdo con los ciudadanos limítrofes.

Uno de los conflictos sociales mineros latentes más críticos es el, ya mencionado, proyecto Tía María. Esta faena tiene lugar en Cocachacra, Provincia de Islay, Arequipa. Según el Observatorio de Conflictos en América Latina, la preocupación de los pobladores de esta provincia gira en torno a las operaciones a tajo abierto y la utilización de canales de agua subterráneos y sus consecuencias en la disponibilidad del agua afectando así la producción de páprika, arroz y caña de azúcar. Este momento de crisis no ha sido excepción para las interrupciones, durante la pandemia la faena ha sufrido constantes paralizaciones. Miguel Meza Igme, dirigente del Valle del Tambo comenta que Southern tiene iniciativa para culminar más actividades en Tía María, teniendo como base las posibles necesidades que tendrán los pobladores como efecto de la pandemia. Sin embargo, el presidente Vizcarra y su premier se han mantenido firmes respecto a la suspensión del proyecto hasta llegar a un consenso, lo que mantiene la tensión entre la empresa minera y la comunidad en pie.

Otro caso es el conflicto minero situado en Espinar, provincia de Cusco, cuyos pobladores se han visto directamente afectados por las medidas restrictivas para evitar el contagio del COVID-19. Según el portal peruano de periodismo, Ojo Público, mientras que la minería fue declarada actividad esencial, las actividades agropecuarias (ganadería y agricultura), de las que dependen el 30% de la población de Espina, han sido paralizadas. En este contexto, la Comisión de Alto Nivel del Ejecutivo logró, mediante el diálogo, dar fin al paro indefinido en contra de la empresa Glencore, a cargo del proyecto. Para lograr su cometido, este poder del Estado llegó a un acuerdo entre las autoridades locales, las organizaciones civiles y la minera Antapaccay, en el que se pactó destinar S/. 1.000 a 44 mil beneficiarios como marco del convenio para la reactivación económica de Espinar. Según el portal de noticias, Andina, esta transferencia será posible por medio de tarjetas con ese monto para usos diversos para cada beneficiario, entre los que destacan la adquisición de alimentos básicos, abrigos, medicina, protección personal y educación.

Elaboración propia 

Diferentes figuras dentro del rubro han planteado el canon minero como solución a los conflictos entre las minas, el Estado y las comunidades. Aproximadamente 1.342 proyectos del sector público, de diferentes gobiernos, gozan de financiamiento total o parcial de recursos económicos que provienen del canon y de las regalías que genera la actividad minera. No obstante, en muchos de estos proyectos los conflictos no han cesado. Esto sucede porque más de S/. 13.000 millones referentes al canon minero que está en posesión de los gobiernos regionales no se han ejecutado, afirma el jefe de la Presidencia del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. Al respecto, el exministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, comenta que si se hace una aplicación efectiva del canon minero habrá una reducción considerable de los conflictos. Asimismo, afirma que entre el 35% y el 45% de los recursos no es invertido en los departamentos con carencias en infraestructura, salud y educación. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, los criterios de distribución del canon son los siguientes: se le otorga el 10% a los municipios distritales donde los recursos son explotados, el 25% a los municipios de la provincia donde los recursos son explotados, el 40% a los municipios del departamento donde se exploten los recursos y el 25% a los gobiernos regionales. Además, afirma que las mayores transferencias del canon este año, en millones de soles, se han dado a las provincias de Ancash (471 millones), Arequipa (432,6 millones), Cusco (138 millones), Tacna (130,1 millones) y La Libertad (112,4 millones).